El pasado mes de junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM) han lanzado el informe Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020, donde exponen un balance de la situación sanitaria en cada uno de los países de esta parte del mundo, cuyos análisis se basaron en indicadores como equidad, situación de salud, determinantes de la salud, recursos y actividades, gasto y financiación, y calidad en la atención de salud. Se hace un desempeño comparativo de los países antes de la crisis actual sanitaria, pasando luego a analizar los factores que contribuyen al malgasto en los sistemas de salud, a fin de proponer mejoras en dicho sector.

La situación del actual del Perú se ve reflejado en algunos de los resultados mostrados en el presente informe, cuyos datos se han obtenido antes de la llegada de la pandemia a nivel de Latinoamérica. Esto en relación a ser un país con cerca del 70% de la población económicamente activa (PEA) en el sector informal, con empleos precarios y de bajos ingresos, de los cuales se ha proyectado al cierre del trimestre anterior con más de 2.6 millones de nuevos desempleados a nivel de Lima Metropolitana -según boletín del mes de julio del INEI-; y con una proyección del 9,3% y 3,9% de la población que pasarán a estar en situación de pobreza y extrema pobreza, agudizando las desigualdades sociales existentes, esto de acuerdo al informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Siguiendo con el análisis, tal como se ha mostrado en el informe de la OECD, el Sector Salud peruano presenta con un problema marcado en la gobernanza y el financiamiento, manifestados en el cambio de ministros (tres a partir del inicio de la declaración de Emergencia Sanitaria) a nivel del Ministerio de Salud (MINSA), los cuales han presentado variaciones en el perfil político y de gestión, que han permutado desde orientaciones sanitarias progresistas a otras conservadoras, con tendencia a priorizar las medidas de reactivación económica, la cual ha favorecido a las grandes empresas y que ha afectado a la mayoría de población, la cual ha aumentado su gasto de bolsillo tanto en salud como en otras necesidades básicas, esto debido al abandono social y económico por parte del Estado.

Estos problemas se han aunado a los de la duplicidad de funciones a nivel de las aseguradoras públicas y privadas -lo cual ha impedido tener mayores recursos tanto en personal sanitario como en infraestructura y equipamiento-, así como la corrupción -cuyos sucesos se presentan aún en esta coyuntura- y el abandono de la atención en el primer nivel, los cuales se consignan al observar índices mayores al promedio continental, esto con respecto a la percepción del usuario del servicio de salud como también al uso de éste de sobornos para acceder a la atención sanitaria.

Todo ello ha dado como consecuencia el poner al descubierto la condición del Perú en la coyuntura actual de la pandemia, donde hace pocos días el Organismo Andino de Salud ha reportado la situación de COVID-19 a nivel de los países miembros del Convenio Hipólito Unanue, donde nuestras cifras respecto a la morbi mortalidad son las segundas a nivel latinoamericano, sólo por detrás de Brasil. Estos resultados se han agudizado con los recientes reportes por parte del MINSA, en donde se observó un incremento en el número de fallecidos por esta enfermedad. Al respecto, se ha advertido sobre la problemática del registro de defunciones nivel de nuestro país en el informa OCDE, donde se identifica como un problema común en nuestro medio. 

Dicho esto, queda en evidencia que las condiciones frágiles del Sistema Nacional de Salud fueron el aditivo requerido para que las crisis sanitarias -como la pandemia del COVID-19- hicieran estragos en ésta sin atenuante alguno, afectándose también la situación social y económica de los grupos más vulnerables, lo cual debe hacer reflexionar en que se debe contar con otras perspectivas que favorezcan a decisiones políticas orientadas a la ciudadanía para su recuperación integral, no bastando solo con reformas que mantengan la fragmentación existente a nivel sanitario, sino también promoviendo acciones destinadas a una cobertura social efectiva, que promueva la participación comunitaria y el derecho a un trato justo en situaciones críticas como la actual.