ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Sobre el aseguramiento universal, hizo mención del Decreto de Urgencia N° 017-2019 -que establece medidas para la Cobertura Universal de Salud- como punto inicial para ampliar la cobertura de no afiliados dentro del Seguro Integral de Salud (SIS), calculando que, para julio del 2021, todas las peruanas y peruanos estarán afiliados al éste, lo cual permitirá dar paso a generar reformas orientadas a la prestación y calidad de los servicios de salud. Dentro de este contexto, y a partir de las experiencias de uso de recursos conjuntos entre MINSA y ESSALUD, propuso la constitución de un Sistema Público Unificado, con la provisión universal de más y mejores servicios de salud para todos los peruanos.

Al respecto, La Ley de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) ha venido siendo afectada por un modelo que dirigía la cobertura del SIS hacia los más pobres, cuya segmentación de la población era según su capacidad de pago, lo que evidencia el fracaso de su propósito inicial, y el cual ha venido adecuándose de manera reactiva a las circunstancias como la emergencia sanitaria actual, lo que demuestra un horizonte de corto plazo y sin modificaciones esenciales en su normativa base.

Con respecto al la propuesta del Sistema Público Unificado, dese su denominación solo se orienta a reordenar en apariencia la cobertura ofrecida por las entidades estatales, dejando de lado a quienes aprovechan del gasto de bolsillo de la mayoría de población que no cuenta con seguro además de aquella que no hace uso del mismo por dificultades en el acceso y en la oportunidad de atención, aspectos que se han hecho evidentes en la presente coyuntura, donde las Clínicas Privadas -a través de sus representantes y grupos fácticos- han contribuido con su postura mercantilista en pro de no perder beneficios económicos, varios de los cuales han sido brindados por el mismo Estado, como comentamos en un post anterior. Esto además de que existen resistencias de grupos enquistados en el ámbito gremial y asistencial, que no contribuyen a generar debate para otras alternativas.

PRESUPUESTO

Con respecto al financiamiento del sector el presidente ha anunciado que se destinará cerca de 20 mil millones de soles, cuyo proyecto de presupuesto será presentado el próximo mes ante el Congreso, la cual estará al primer nivel de atención, así como fortalecer la capacidad de respuesta en los hospitales. Asegura que esta medida es la mayor inversión de salud de la historia en el Presupuesto General de la República, y que la propone porque el primer principio de la Constitución es la defensa de la persona humana, el derecho a su vida y a su integridad.

En este caso, nos deberíamos preguntar cuál será la proporción que le corresponderá al final al Sector Salud dentro del Presupuesto General, dado que se ha visto la intención en las últimas semanas por parte del Ejecutivo de retomar como prioridad la senda económica, donde previamente se había visto a quienes se les ha dado preferencia para sostener sus actividades comerciales. Esto ahondado con la conformación del nuevo gabinete, de tono conciliador y colaborador con este tipo de medidas.

De la misma manera, causa escepticismo el hecho de preocuparse por el primer nivel de atención, el cual se ha visto abandonado desde siempre y excluido -para variar- desde el inicio de las medidas de contención en la presente emergencia sanitaria, aspectos que junto con el abandono social y económico de la mayoría de la población, han hecho de ésta presa fácil de contraer la enfermedad del COVID-19 en el presente, así como en el aumento de índices de enfermedades transmisibles a lo largo del presente periodo gubernamental.

RECTORÍA EN SALUD FRENTE A LA PANDEMIA

Sobre las medidas que dispuso el Ejecutivo a partir de la declaración de la Emergencia Sanitaria, defendió el establecimiento de la cuarentena obligatoria como principal estrategia de contención ante el inicio de casos de COVID-19 en nuestro país, ofreciendo transparentar las cifras saldo de la pandemia, de la cual se va venido haciendo el recuento durante el trascurso del presente estado de emergencia, emitiendo un primer informe sobre la cifra de fallecidos, prometiendo continuar con esta línea hasta el final del proceso. De la misma manera, ha señalado medidas para protección de poblaciones no conectadas como el Decreto de Urgencia 071-2020, que establece el Plan de Intervención para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la Emergencia COVID-19. “Lo menos que puede hacer el Estado es transparentar las cifras, no hay nada que ocultar, a diferencia de otros países que hacen el recuento al final de la enfermedad”, señaló.

Es evidente que estas declaraciones, junto a las brindadas por la ministra de salud, se dan en un contexto en que ha aumentado la diferencia entre lo difundido por el ente rector y lo registrado a otros sistemas informáticos públicos, cuya aparente estabilidad de cifras justificó las medidas de reactivación económica, acarreando con ello en el incremento de la tasa de casos de morbi mortalidad por día, sobre todo en las regiones más abandonadas en el aspecto económico y social, lo cual deja las medidas destinadas para estas poblaciones vulnerables como reactivas.

Lo más preocupante de este tema es que no se ha demostrado articulación alguna con los órganos descentralizados dependientes del mismo ministerio, cuyas direcciones y gerencias han mostrado ineficiencia en su jurisdicción y divorcio con el mando central, basta mencionar los ejemplos recientes en Arequipa o desde el momento de su propagación en Loreto o el norte del país, cuyas cifras han permanecido en rojo y donde el abandono social ha sido marcado. Esto aunado a problemas latentes como la falta de sistematización de datos y fragmentación en la gobernanza, expuestos en un reciente informe de la OCDE, compartida con otros resultados en un post anterior. 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Dentro del mensaje presidencial, se ha señalado como logros el aumento de recursos humanos, equipamiento e insumos para afrontar la emergencia sanitaria. Así, se citó la suscripción de 22 mil nuevos contratos, con mejoras salariales y bonificación mensual. Asimismo, se destacó el aumento del número de camas de hospitalización de 3 mil a 18 mil, así como de 100 camas UCI a 1500, proyectando hacia el 2021 contar con 3 mil camas de cuidados intensivos, incluyendo aquí la disponibilidad en el sector privado.

De la misma manera, hizo mención a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 007-2019, donde se declaró a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud, obligando a la venta de medicamentos genéricos esenciales en farmacias y boticas, así como la entrega de 1 millón 750 mil kits con medicamentos para el manejo del COVID-19; así como el Decreto de Urgencia 066-2020, donde se dictó medidas para la producción y distribución de oxígeno medicinal a los establecimientos de salud, haciendo mención de la adquisición de 104.9 toneladas por día de oxígeno medicinal, destacando aquí la alianza con el sector privado. Así también, ha citado la creación de la “Comisión Multisectorial de coordinación y articulación de acciones para acceder al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas contra el COVID-19” para acceder a su disponibilidad, así como el apoyo a las iniciativas de innovación tecnológica en los campos de la vigilancia epidemiológica, pruebas moleculares rápidas y ventiladores mecánicos.

Con respecto a la infraestructura, el presidente mencionó la puesta en funcionamiento del Hospital de Emergencias de Ate Vitarte en Lima, el Hospital Regional de Ayacucho, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Junín, el Hospital Regional de Moquegua, el Hospital de Macusani en Puno, y los Centros de Salud Alto Huallaga y Altomayo, en San Martín. Asimismo, la suscripción de contrato con el Reino Unido para la construcción de 6 hospitales y 9 centros de salud a nivel nacional. Además, señaló la próxima inauguración de establecimientos de salud como el Hospital de Pacasmayo en La Libertad, el Hospital de Putina en Puno, el Hospital de Challhuahuacho y los Centros de Salud de Haquira y Cotabambas en Apurímac; y el Centro de Salud de Machupicchu en Cusco, entre otros.

Con respecto al ingreso de personal de salud bajo “nuevos contratos”, se observa que ha sido una estrategia para formalizar a quienes ya ofrecían sus servicios asistenciales, los cuales estaban -y aún tienen- contratos mediante tercerización y/o servicios no personales, muchos de ellos dentro de la primera línea de atención en los servicios de emergencia y urgencias en el sistema nacional de salud. De la misma manera, estos profesionales han hecho eco desde el primer momento de no contar con insumos mínimos tanto para la protección como para el manejo de pacientes afectados por el virus.

Sobre este último punto, el problema de la fragmentación en la gestión de salud ha llevado a centrar la política sanitaria desde un enfoque biomédico y hospital-céntrico, esto considerando que para contar con tratamientos más efectivos se requiere cumplir con los tiempos fijados en protocolos de investigación, además de contar con una estrategia unificada para compras en mayor escala, aspecto improbable en la actual coyuntura por las diferentes dependencias ministeriales de las entidades de salud, las cuales han favorecido al aprovechamiento de entes privados en el monopolio de insumos como el oxígeno, cuyas responsabilidades políticas vienen desde gobiernos anteriores.

Todo ello ha contribuido con agotar los escasos recursos disponibles en el sector público, cuyos ofrecimientos de mejora sólo se observan en el cemento, pero no en los procesos de gestión ni asistenciales. Esto a pesar de contar con un marco aprobado para optimizar el Intercambio Prestacional y que ha sido adoptado -de manera reactiva- a la emergencia sanitaria, reflejando que viene siendo todavía una declaración de principios debido a que no efectúa un cambio en la sostenibilidad y en el proceso detallado para integrar diferentes entidades públicas prestadoras de salud. Todo ello conllevando a una carrera contra el tiempo en disponer con espacios para atender a la población en competencia con entidades privadas, no considerando al primer nivel de atención dentro de la estrategia de contención de casos, lo cual ha afectado al no contar con suficientes establecimientos equipado para enfrentar la pandemia, aspecto que hubiera dado otras posibilidades de resolver esta situación crítica.

ANEMIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SALUD MENTAL

Dentro del presente mensaje, se ocupó un espacio a lo propuesto en anteriores mensajes ante el congreso. Con respecto al tema de la Anemia, el presidente ha señalado como logro la reducción de la prevalencia de anemia infantil de 43,5% a 40,1%, con la meta de llegar a reducirla al 30%. Asimismo, el aumento de la cobertura contra el sarampión, rubeola, parotiditis y polio a 4,6 millones de niños menores de 11 años, e incorporando la vacuna contra la tos ferina para gestantes y la vacuna contra el neumococo para adultos mayores. En relación a la alimentación saludable, destacó su promulgación con el fin de consignar las advertencias publicitarias a través de los octógonos, permitiendo con ello generar nuevos hábitos de consumo. Respecto a la salud mental, destacó la implementación del modelo de atención comunitaria con el aumento a 154 Centros de Salud Mental, a fin de brindar tratamientos para trastornos emocionales y de conducta en la población.

Con respecto al tema de la Anemia, queda pendiente la labor que se debe desarrollar de manera intersectorial, esto en relación a que las condiciones de vivienda y agua potable -por ejemplo- impiden que haya un mayor impacto en su reducción estadística, y las cuales también han sido afectadas durante la presente pandemia. Con relación a la alimentación saludable, si bien es cierto que se ha buscado impulsar su cumplimiento, no cesa la pelea por las advertencias publicitarias, las cuales se han trasladado al área legal en donde los grupos fácticos han hecho presión para su inaplicabilidad, pese a las advertencias del MINSA sobre este perjuicio. 

En el caso de la salud mental, persisten los riesgos y deficiencias en los centros comunitarios debido a que en su mayoría no cuentan con locales propios, los recursos humanos aún carecen de las capacidades y competencias para trabajar bajo ese enfoque, por lo que la labor interdisciplinaria sigue siendo precaria. Esto tomando en cuenta que, debido a la actual emergencia sanitaria, se va a requerir de contar con profesionales capacitados para orientar a la población afectada, sobre todo de escasos recursos, considerando además que la complejidad de la salud mental está atado a determinaciones sociales que no han sido resueltos como la violencia, la corrupción, la pobreza, la exclusión social y la desintegración comunitaria, mermando la oportunidad para brindar asistencia oportuna.

CONCLUSIONES

En suma, son aspectos que en hacen inviable la meta de un sistema unificado de salud, más aún si no se dejan de lado recetas y metodologías que han mantenido la fragmentación burocrática, por un lado, y por el otro el aprovechamiento de los grupos financieros a través de sus aseguradoras y clínicas privadas. Además, no se garantiza una sostenibilidad financiera de largo aliento, lo cual favorecerá a generación de corrupción y asfixia dentro del sistema sanitario peruano. Es necesario en este momento enfocar las necesidades con la participación de la colectividad, la cual debe manifestarse desde el llano y no a partir de operadores políticos que -a un año previo de elecciones generales- ofrezcan ilusiones bajo un aura de populismo y con auspicio de grupos de poder.